El senador provincial por San Martín, Manuel Pailler, respaldó en el recinto el tratamiento del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 32/26, que establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para funcionarios de los tres poderes del Estado como requisito para asumir o permanecer en cargos públicos.
Durante su intervención, el legislador explicó que la Comisión de Salud Pública y Seguridad Social analizó la norma impulsada por el Poder Ejecutivo y destacó que su objetivo es garantizar “previsibilidad y autocontrol” en el ejercicio de la función pública.
El decreto alcanza a funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la provincia de Salta e incluye en el ámbito municipal a intendentes y concejales. Además, prevé que el examen toxicológico sea condición para el ingreso a la administración pública, siendo causal de inadmisibilidad no cumplir con este requisito.
Pailler detalló que las pruebas estarán destinadas a la detección de sustancias psicoactivas prohibidas y sus metabolitos, incluyendo opioides, derivados del cannabis, cocaína y otras sustancias que, sin prescripción médica debidamente acreditada, actúen sobre el sistema nervioso central y puedan generar alteraciones incompatibles con la función pública.
Según explicó, los controles podrán ser sorpresivos y se realizarán mediante pruebas rápidas homologadas, ejecutadas por personal habilitado en el lugar de trabajo del funcionario. Asimismo, subrayó que el procedimiento respetará principios como la confidencialidad, proporcionalidad, no discriminación, protección de datos personales, derecho de defensa, debido proceso y legalidad.
En los casos de resultados positivos, se prevé una instancia de confirmación mediante un nuevo examen de mayor rigor científico en un laboratorio habilitado y designado por sorteo. Si se confirma el resultado y el funcionario depende directamente del Poder Ejecutivo, el positivo constituirá causal de remoción. En otros casos, la autoridad de aplicación deberá remitir los antecedentes a los organismos correspondientes para activar los mecanismos constitucionales y legales de eventual remoción.
“El objetivo de esta norma lleva tranquilidad a la población respecto de la insospechabilidad de los funcionarios y su alejamiento del comercio ilegal de sustancias”, sostuvo Pailler.
Finalmente, el senador consideró “conveniente y oportuno” que el decreto sea convertido en ley provincial, al entender que responde a “una necesidad creciente de excelencia e integridad en la función pública” y fortalece la democracia. Por ello, solicitó a sus pares el acompañamiento y el voto positivo a la iniciativa.