La Cámara alta sesiona este jueves -tras semanas de parálisis por el caso Adorni- y La Libertad Avanza apunta a aprobar y girar a Diputados la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
El Senado sesiona este jueves con la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada como plato fuerte y el oficialismo se ilusiona con anotarse un nuevo triunfo parlamentario. Todo esto pese a que el texto genera resistencia dentro y fuera del Congreso, incluso cuando ya sufrió varias modificaciones respecto de la redacción original (circularon 13 borradores), por pedido de los bloques aliados a La Libertad Avanza y de la sociedad civil. Las miradas están puestas, sobre todo, en los cambios a la ley de Tierras Rurales sancionada en el año 2011. ¿Qué dice la normativa actual y qué propone el oficialismo?
El 20 de mayo, la Cámara que conduce Victoria Villarruel dictaminó en comisión el proyecto que tiene como principal impulsor al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. A grandes rasgos, el texto contempla modificaciones a normativas vigentes, como la Ley de manejo del fuego, la Ley de expropiaciones, la Ley de barrios populares y la Ley de tierras rurales.
Más allá de que el oficialismo se alzó con el dictamen de mayoría en aquella instancia, lo cierto es que la letra chica del proyecto generaba fuertes reparos, incluso por parte de los principales aliados al gobierno de Javier Milei: el PRO y la UCR. Así como también entre los senadores que representan a diferentes fuerzas provinciales.
Tal es así que desde aquel 20 de mayo hasta la fecha, circularon un total de 13 versiones del dictamen, con modificaciones hechas a propuesta de los aliados. A horas de la puesta en marcha de la sesión, el oficialismo asegura que la número 13 es la versión final. Y que cuenta con los votos para su aprobación en el recinto.
Así y todo, diferentes partidos de la oposición -pero también representantes de la sociedad civil- alertan sobre las implicancias que traería aparejada los cambios en la ley, con el foco puesto en la defensa del interés nacional a la cabeza. El principal detractor de los cambios a la ley es el PJ. Sobre todo porque se trata de una ley impulsada en el año 2011, durante el gobierno de Cristina Kirchner.