El diputado provincial, José Gauffin, expresó su preocupación por la situación financiera que atraviesa el sistema de transporte público del área metropolitana.
El legislador recordó que desde la eliminación de los subsidios nacionales al transporte dispuesta por el gobierno de Javier Milei, SAETA se sostiene exclusivamente con aportes de la Provincia y la recaudación proveniente de la venta de boletos.
En ese contexto, el diputado puso el foco en uno de los principales costos operativos del sistema: el combustible. Según señaló, la empresa adquiere el suministro de manera directa a YPF, pero a un valor superior al que se comercializa en estaciones de servicio. “Es una situación que debe corregirse”, sostuvo, y consideró necesario que el Gobierno provincial gestione mejores condiciones de compra para reducir costos.
Gauffin también cuestionó aspectos estructurales del esquema de funcionamiento del transporte público. Entre ellos, mencionó los contratos de concesión vigentes con las empresas prestatarias, que contemplan un mínimo garantizado de 8.000 kilómetros mensuales por unidad. A su entender, esta condición limita la posibilidad de rediseñar recorridos o implementar medidas que permitan optimizar recursos y mejorar la eficiencia del servicio.
“El sistema necesita adaptarse a una nueva realidad”, afirmó el diputado, al remarcar que las condiciones bajo las cuales se firmaron los contratos difieren sustancialmente del escenario actual. En ese sentido, planteó la necesidad de revisar los acuerdos para adecuarlos a los cambios registrados en la demanda de pasajeros durante los últimos años.
Otro de los puntos que destacó fue el peso que tienen los viajes gratuitos o subsidiados dentro del sistema. Según indicó, más de la mitad de los traslados se realizan bajo algún régimen de gratuidad, una situación que, a su juicio, obliga a discutir mecanismos que permitan garantizar la sustentabilidad financiera sin afectar derechos vinculados al acceso a la educación y otros servicios esenciales.
Por último, rechazó las propuestas que plantean una privatización total del transporte o la transferencia de su administración a los municipios. En cambio, consideró que el desafío pasa por mejorar la gestión y avanzar en una mayor transparencia. “Lo que hay que hacer es administrarlo mucho mejor y transparentarlo definitivamente”, concluyó.