El juez Raúl Ojeda hizo lugar a una medida cautelar de la CGT y dejó en suspenso la aplicación del grueso de la reforma.
La decisión tiene carácter provisorio y regirá mientras se tramita el proceso principal en el que la central obrera pide la declaración de invalidez constitucional de esos cambios.
La resolución fue firmada este 30 de marzo en el expediente iniciado por la CGT contra el Estado nacional. En ese marco, el juzgado dispuso “hacer lugar a la medida cautelar innovativa” presentada por la organización sindical y suspender la aplicación de los artículos cuestionados de la ley 27.802, además de ordenar su inscripción en el Registro Público de Procesos Colectivos y notificar a las partes.
El planteo había sido presentado por la central obrera en el marco de una acción declarativa contra el Poder Ejecutivo para que se analice la constitucionalidad de numerosos puntos de la reforma. Según surge del expediente, la demanda apunta a artículos que modifican normas de la Ley de Contrato de Trabajo y otros regímenes vinculados al mundo laboral.
Los ejes que quedaron suspendidos son:
- Limitación de las Cuotas Solidarias
Este es el golpe más fuerte a la caja de los sindicatos. La reforma exigía el consentimiento explícito del trabajador para que se le descuente la cuota sindical de su sueldo. La Justicia frenó esto, por lo que los descuentos automáticos pactados en convenios colectivos siguen vigentes. - Modificación de las Indemnizaciones
Se frenó el intento de reducir la base de cálculo para las indemnizaciones. - El «Fondo de Cese Laboral» (Sistema tipo UOCRA)
La Justicia suspendió la posibilidad de que las empresas y sindicatos reemplacen las indemnizaciones por un fondo de cese (donde el empleador aporta un porcentaje mensual). Aunque es un sistema que muchos sectores miran con buenos ojos, su implementación vía decreto quedó bloqueada. - Período de Prueba
El Gobierno buscaba extender el período de prueba de 3 a 8 meses. Al frenarse la reforma, el plazo legal de prueba para cualquier trabajador nuevo vuelve a ser de 3 meses. - Derecho a Huelga y Servicios Esenciales
Se bloqueó la obligatoriedad de garantizar el 75% de prestación de servicios en áreas consideradas «esenciales» (salud, educación, transporte) durante medidas de fuerza. Esto devolvió a los gremios mayor poder de presión en los paros. - Presunción de Relación de Dependencia
Se frenó el cambio que permitía que las personas que trabajan facturando (monotributistas) para una empresa no fueran consideradas empleadas en relación de dependencia en ciertos casos. La Justicia mantiene la protección actual para evitar el «fraude laboral».