Cerrillos quedó en el centro de la polémica tras la imputación de José “Kiko” Fernández por una grave denuncia de trata laboral que involucra a menores.
El 26 de agosto pasado, el Congreso de la Nación aprobó por unanimidad la ley que declaró oficialmente a San José de los Cerrillos como Capital Nacional del Cerdo Negro, a partir de un proyecto impulsado por la salteña Yolanda Vega.
La distinción reconoce la producción de productos gourmet elaborados en el establecimiento, a partir del cruce de razas y la alimentación de los animales con bellotas. Entre sus productos se destacan los jamones, reconocidos por sus características y vinculados a una tradición gastronómica de origen español.
Sin embargo, apenas una semana después de esta declaración, el municipio volvió a quedar en el centro de la escena por una investigación judicial. El juez Diego Anzorreguy imputó por trata de personas con fines de explotación laboral al propietario del reconocido emprendimiento, José “Kiko” Fernández.
La causa se inició a partir de una denuncia realizada de manera anónima a través de la línea gratuita 145, destinada a recibir denuncias vinculadas a delitos de trata de personas.
De acuerdo con la investigación, la denuncia inicial advertía sobre la situación de un trabajador que había sufrido un accidente y debió ser atendido en un hospital. Al regresar al establecimiento, le habrían informado que los días que no trabajara no serían abonados, por lo que debió reincorporarse antes de estar completamente recuperado.
La denuncia también describía las condiciones en las que residía el trabajador dentro de la finca: una vivienda sin servicios adecuados, con pallets utilizados como cama, una letrina como baño y dificultades para acceder al agua caliente, que debía ser calentada con leña para poder bañarse.
A partir de esa primera denuncia, la investigación avanzó con testimonios de otros trabajadores y permitió establecer, según la acusación, que no se trataría de un hecho aislado. En la audiencia de formalización fueron identificadas siete presuntas víctimas.
Los trabajadores realizaban diferentes tareas, aunque, de acuerdo con la investigación, figuraban formalmente registrados como trabajadores del tabaco. Para los investigadores, esta modalidad de registración podría haber permitido reducir los costos laborales mediante el sistema de aportes vinculados al Fondo Especial del Tabaco.
La investigación sostiene además que, pese a la registración formal, los salarios se encontraban por debajo de los montos correspondientes y existía un manejo discrecional de los jornales. También se denunciaron presuntas irregularidades vinculadas al pago de vacaciones, aguinaldo y licencias por enfermedad.
Otro de los aspectos que llamó la atención durante las inspecciones fueron las condiciones edilicias en las que algunos trabajadores residían dentro del establecimiento. En uno de los casos, un trabajador vivía junto a su esposa y sus dos hijos en una vivienda ubicada en el predio.
Según consta en las actuaciones, durante la inspección se advirtió un fuerte olor nauseabundo en el lugar, además de condiciones que fueron consideradas incompatibles con una vivienda adecuada.
En paralelo, información de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) incorporada a la investigación señala que el empresario habría registrado ingresos superiores a los 600 millones de pesos durante 2025, con una cifra similar acumulada en lo que va de este año.
Mientras tanto, el valor comercial de los productos contrasta con los salarios denunciados en la investigación: actualmente, 100 gramos de jamón crudo reserva rondarían los $60.000, mientras que los ingresos mensuales de algunos trabajadores no alcanzarían los $500.000.
El delito por el que fue imputado Fernández contempla una pena mínima de ocho años de prisión y una escala que puede llegar hasta los 12 años, de acuerdo con las circunstancias agravantes consideradas en la investigación.
La causa se encuentra en una etapa inicial y cuenta con un plazo de seis meses para avanzar en la investigación penal preparatoria. Durante ese período deberán reunirse nuevas pruebas y determinarse las responsabilidades correspondientes.
Así, en apenas una semana, Cerrillos pasó de celebrar su reconocimiento como Capital Nacional del Cerdo Negro a quedar bajo la lupa de la Justicia por una investigación que pone el foco en las condiciones laborales y de vida de trabajadores del establecimiento.