Cinco de los acusados son miembros, exintegrantes o aspirantes de Gendarmería Nacional. La fiscalía los señaló por el transporte de más de 330 kilos de cocaína y por utilizar sus conocimientos sobre controles viales para facilitar las maniobras delictivas.
El fiscal federal Ricardo Toranzos solicitó penas de entre 3 y 16 años de prisión para siete integrantes de una organización narcocriminal conocida como “Los Peluches”, una banda que tenía entre sus filas a miembros, exintegrantes y aspirantes de Gendarmería Nacional. Los acusados son juzgados por el transporte de 334 kilos de cocaína en dos procedimientos realizados en Salta durante 2024.
El nombre de la organización surgió del grupo de WhatsApp que utilizaban para comunicarse. Según la investigación, varios de los involucrados aprovecharon su experiencia y conocimientos adquiridos en las fuerzas de seguridad para coordinar el traslado de la droga y eludir los controles en rutas nacionales.
De acuerdo con la acusación, los integrantes intercambiaban mensajes en los que explicaban cómo acondicionar los cargamentos de cocaína y qué estrategias utilizar para atravesar puestos de control sin ser detectados. La causa expuso así una presunta red criminal con fuertes vínculos con las fuerzas federales.
La Fiscalía informó que este jueves se conocerá la sentencia del juicio, cuyo debate oral comenzó a fines de diciembre de 2025.
Entre las penas más severas solicitadas se encuentran los 16 años de prisión para Richar Ariel Delgado, exgendarme exonerado; Gabriel Ruiz Apaza, aspirante a la fuerza; y Jonathan Leonel Ostapowicz, comerciante. Los tres fueron considerados coautores del delito de transporte de estupefacientes agravado por la participación de tres o más personas en dos hechos distintos.
Para Adrián Emilio Escarlata, también exgendarme exonerado, la fiscalía requirió una condena de 13 años de prisión por su participación en uno de los episodios investigados.
En tanto, para Diego Hernán Delgado, cabo primero en actividad de Gendarmería Nacional y destinado al Destacamento Móvil 1 de Campo de Mayo, el Ministerio Público Fiscal solicitó una pena de 14 años de prisión. La acusación contempla el agravante de su condición de funcionario público, además de la participación de múltiples involucrados.
Por último, para Federico Rubén Batista, integrante de Gendarmería Nacional, y Francisco Agustín Flores, aspirante a la fuerza federal, la fiscalía pidió penas de tres años de prisión de ejecución condicional al considerarlos partícipes secundarios de las maniobras investigadas.
La causa se convirtió en uno de los expedientes más resonantes de los últimos años en el norte del país, debido a la participación de personal vinculado a una fuerza de seguridad encargada, precisamente, de combatir el narcotráfico y custodiar las fronteras.