El efecto del ajuste para la principal obra social del país repercute en una reducción de las prestaciones y el recorte de los pagos médicos.
La interrupción de prestaciones en Marcos Juárez; restricciones denunciadas en Concordia; despidos en Rosario; una convocatoria a afiliados en Posadas; una interpelación a la unidad de Puerto Madryn por parte de su Consejo Deliberante: son algunos de los ejemplos de las consecuencias de la actual política del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) que se multiplican en todo el país.
La dirigencia opositora en el Congreso comenzó a insistir con debatir una solución legislativa, aunque se encuentran con una traba concreta por la designación de presidentes libertarios en comisiones claves.
“La atención está garantizada en todos los sentidos, por parte de los médicos de cabecera en todos los sanatorios del país y la cobertura de medicamentos”, respondió el titular del organismo, Esteban Leguizamo, en medios públicos. Su postura se condice con el informe de gestión del Gobierno, presentado en la última semana de abril por Manuel Adorni, en donde se aclara que los desembolsos se ajustan a “la normativa vigente en materia de administración financiera y ejecución presupuestaria”. Esto es, a las transferencias dispuestas en el Presupuesto 2026 aprobado en el Congreso, una suma aproximada de $10,17 billones.
La problemática que se añadió de manera más reciente fue la Resolución 1107/2026 del PAMI, oficializada el 9 de abril, que modificó el esquema de pagos a los médicos de cabecera: los fijó en $2.100 mensuales por afiliado y dejaron sin efecto el «incentivo económico aprobado oportunamente para la formación de posgrado de los médicos de cabecera» argumentando «cumplimiento de los objetivos». Tampoco percibirán pagos por consultas de primera vez y por seguimientos. Según estimaciones de gremios médicos, que concretaron una medida de fuerza en abril, eso implica una reducción de hasta el 52,5% de sus ingresos, y piden que ese monto per cápita ascienda al menos a los $6.500.