Innocence Project Argentina denunció abusos contra Beatriz Yapura

La organización cuestionó el traslado compulsivo de la esposa de Santos Clemente Vera para la extracción de ADN en el marco de la causa por el crimen de las turistas francesas.

Innocence Project Argentina expresó un fuerte repudio al traslado compulsivo de Beatriz Elizabeth Yapura, esposa de Santos Clemente Vera, realizado en la provincia de Salta en el marco de la nueva investigación por el crimen de las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni.

A través de un comunicado oficial, la organización sostuvo que Yapura fue requerida por la Fiscalía para aportar una muestra genética destinada a ser cotejada con rastros biológicos femeninos detectados por el laboratorio IFEG de Francia.

“No está imputada”, sostuvo la organización

Desde Innocence Project Argentina remarcaron que “nada vincula a Beatriz con el crimen” y señalaron que la mujer “no está imputada” ni existe “una sospecha concreta en su contra”.

La entidad afirmó que el procedimiento fue realizado “por la fuerza” y denunció que ocurrió pese al delicado estado de salud de Yapura y a que la defensa había apelado la orden judicial que autorizaba la extracción de ADN.

Cuestionamientos al procedimiento judicial

En el documento, Innocence Project sostuvo que la extracción compulsiva de ADN “no es una diligencia menor” y advirtió que se trata de “una prueba corporal invasiva” que requiere “control judicial estricto, fundamentación reforzada, necesidad concreta y proporcionalidad”.

Además, cuestionó que no se haya puesto a disposición de la defensa el perfil genético con el que se pretende realizar la comparación y señaló que tampoco se permitió la participación de un perito de parte durante el procedimiento.

“No es justicia, es violencia institucional”

La organización vinculó lo ocurrido con la condena de Santos Clemente Vera, quien permaneció detenido durante más de diez años, y denunció un “hostigamiento estatal” contra su familia.

“Lo ocurrido duele e indigna. No es justicia. Es violencia institucional contra la familia de una persona condenada por error”, expresó el comunicado firmado por el presidente de Innocence Project Argentina, Carlos Manuel Garrido.

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