La Libertad Avanza negoció con Unión por la Patria y el bloque Argentina Federal, y el proyecto unificado obtuvo 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones. Quedó descartada la prórroga de la Emergencia y ahora pasa al Senado.
La pulseada por la ley de discapacidad terminó con una inesperada fumata blanca en la Cámara de Diputados: La Libertad Avanza aceptó prácticamente todos los cambios que reclamaban aliados y opositores, y se aprobó un proyecto unificado por más de dos tercios de los votos. La iniciativa recibió 237 votos positivos, 9 negativos y 4 abstenciones, tras una tarde de fervientes negociaciones donde perdió fuerza la idea de prorrogar la Ley de Emergencia.
Los seis cordobeses alineados al gobernador Martín Llaryora, así como Natalia De la Sota (Defendamos Córdoba) y Gabriela Estévez (Unión por la Patria) fueron de los pocos que votaron en contra y se mantuvieron firmes en extender la Emergencia, tal como siguen pidiendo las organizaciones civiles de la provincia incluso con las últimas modificaciones.
La Mesa de Discapacidad de Córdoba, ATI (Asamblea de Trabajadores de la Inclusión), Federación Converger, el Colectivo 3 de Diciembre (transportistas) y CAPREDIS (Cámara de Prestadores de Discapacidad de la Provincia de Córdoba) se quejaron de que el sector no fue convocado a debatir y desconfían de que el Gobierno cumpla la futura ley.
Todas las concesiones que hizo La Libertad Avanza van a contramano de lo que había propuesto el Ejecutivo en el Presupuesto. Lo principal es que se especificaron en detalle las partidas presupuestarias que se utilizarán para financiar la ley. Si la demanda excede los fondos disponibles, se pagará mediante las obligaciones a cargo del Tesoro (Jurisdicción 91 del Presupuesto).
También se estableció que «las leyes de Presupuesto deberán garantizar un crédito presupuestario suficiente que asegure la sostenibilidad real y permanente del sistema. El ingreso por beneficiario no podrá ser inferior en términos reales al contemplado en el ejercicio inmediato anterior«.
Además, se fijaron en el texto de la ley los requisitos para otorgar pensiones por discapacidad. El dictamen libertario dejaba librados esos parámetros a la reglamentación, algo que abría una puerta a la discrecionalidad.
Otra de las modificaciones acordadas fue para asegurar la cobertura de salud a los beneficiarios de todas las pensiones, tanto las Pensiones No Contributivas por Discapacidad como las Pensiones por Invalidez Laboral. Se aclaró que no solamente se habla de Incluir Salud, sino de cualquier programa que lo reemplace en el futuro.
Asimismo, se ajustó lo que tiene que ver con el cronograma de pago a prestadores por deudas acumuladas en los últimos años. Si al momento de aprobarse la ley no se saldaron estas compensaciones, la Secretaría de Discapacidad deberá notificar el cronograma de pago en un plazo de 30 días corridos, y deberá cancelar todas las deudas en 90 días corridos.
El dictamen original del oficialismo ya mantenía derechos como la homogeneidad y universalidad del Nomenclador de Aranceles, con actualización mensual por inflación. También respetaba la compatibilidad entre tener una pensión y un empleo formal. El Poder Ejecutivo pretendía terminar con ambas cuestiones en el Presupuesto que mandó al Congreso.