Desde hace dos décadas, Hugo Moyano acumula denuncias por enriquecimiento, desvío de fondos y lavado de activos.
La familia Moyano volvió a quedar en el centro de la escena pública tras la polémica que involucró a Facundo Moyano. El lujoso estilo de vida del exdiputado del Frente Renovador es también compartido por otros miembros del clan. Mansiones con lago artificial, pisos en edificios céntricos y caballos de $50.000 dólares a nombre de empresas que les facturan a la Obra Social y al Sindicato de Camioneros.
Desde hace dos décadas, Hugo Moyano acumula denuncias por enriquecimiento, desvío de fondos y lavado de activos. Sin embargo, en ese período, él y sus herederos no hicieron más que aumentar su fortuna y acumular más propiedades.
Se pudo confirmar que al menos tres grandes mansiones y un lote en el barrio Campos de Roca, en el partido bonaerense de Coronel Brandsen, pertenecen a la familia. Cada una de ellas con una extensión de entre una hectárea y media y dos, y al menos una de ellas a nombre de una de las empresas que integran el cuestionado conglomerado familiar: Vixey SA.
Las restantes propiedades, dos chacras y un lote de menor tamaño, figuran a nombre de Valeria Salerno, hijastra del líder camionero y presidente de varias de sus empresas. Valeria es, además, vecina del matrimonio Moyano en ese barrio, aunque vecinos refieren que Hugo y su mujer, Liliana Zulet, madre de Valeria, hace tiempo que no ocupan su mansión. Entre las 4 propiedades pagan casi 9 millones de pesos de expensas.
Salerno, además, mantiene una afición por los caballos, particularmente por la raza frisona. En su chacra de Campos de Roca posee cuatro ejemplares de esa especie, cuyo valor de mercado ronda los 50.000 dólares cada uno. Tanto Valeria como su hermano Juan Manuel Noriega Zulet y su madre figuran alternadamente como presidentes, vicepresidentes o directores en las tres principales empresas del grupo. En el plano familiar, también se encuentra distanciada de Facundo Moyano, a quien le cuestiona su estilo de vida marcado por la noche y el presunto consumo de sustancias.
Dentro de la estructura sindical, Pablo Moyano continúa siendo señalado como el principal heredero político y gremial del liderazgo de Hugo Moyano. La relación entre los hermanos atraviesa un período de fuerte distanciamiento y, según trascendió, hace tiempo que no mantienen diálogo.
Mientras tanto, Hugo Moyano, alejado de la primera línea de la actividad pública, reside actualmente en un departamento de la Ciudad de Buenos Aires, en la avenida Montes de Oca y Uspallata. En ese edificio, que además figura como sede fiscal de algunas de las empresas, los Moyano tienen al menos cuatro pisos.
La actividad económica de la familia gira principalmente alrededor de tres sociedades: Dixey S.A., Iarai S.A. y Aconra S.A. De acuerdo con la documentación societaria, las tres compañías fueron presididas alternativamente por Liliana Zulet —esposa de Hugo Moyano— y por sus hijos Valeria Salerno y Juan Manuel Noriega Zulet.
Dixey S.A. desarrolla actividades vinculadas a asesoramiento empresarial, mantenimiento y limpieza de edificios, confección de ropa de trabajo, programación informática y comercialización de equipos tecnológicos. Iarai S.A. presta servicios de asistencia sanitaria, mientras que Aconra S.A. se dedica a la construcción, remodelación y mantenimiento de edificios.
Según reiteradas denuncias, las tres empresas tendrían como único cliente al Sindicato de Camioneros y a la Obra Social de Choferes de Camiones (OSCHOCA). En las nóminas laborales de las empresas figura Jerónimo Moyano, el hijo menor de Hugo Moyano, mientras que Facundo Moyano aparece registrado como empleado de Aconra S.A.
Las tres sociedades comparten domicilio legal en Avenida Belgrano 1255, en la Ciudad de Buenos Aires. En esa misma dirección fueron registrados durante 2024 tres fideicomisos.
De acuerdo a lo denunciado por la exlegisladora Graciela Ocaña, en ese año se habrían transferido alrededor de $900 millones hacia esos fideicomisos.
La obra social recibe mensualmente $4750 millones provenientes del Fondo Solidario de Redistribución, girados por la Superintendencia de Servicios de Salud. Sin embargo, registra un déficit cercano a los $60.000 millones.