El proyecto de ley de desregulación impulsado por el Gobierno nacional incluye modificaciones al régimen de los planes de ahorro para la compra de vehículos 0Km.
La iniciativa, elaborada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, será enviada al Congreso y propone reemplazar el esquema regulatorio específico vigente por las normas generales del Código Civil y Comercial de la Nación y la Ley de Defensa del Consumidor para los nuevos contratos.
Entre las medidas contempladas figura la derogación del decreto 142.277 de 1943, norma que desde hace más de ocho décadas regula la actividad de las sociedades de capitalización y ahorro.
Qué cambios propone el proyecto para los planes de ahorro
Actualmente, las administradoras de planes de ahorro se encuentran bajo la órbita de la Inspección General de Justicia (IGJ), organismo encargado de supervisar su funcionamiento, controlar la constitución de los grupos de ahorro, aprobar los contratos tipo y fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas con los suscriptores.
El proyecto de ley propone modificar ese esquema.
Los artículos 159 y 160 establecen la derogación del decreto que regula el sistema y disponen que los contratos de capitalización y ahorro para fines determinados pasen a regirse por las disposiciones generales del Código Civil y Comercial y la Ley de Defensa del Consumidor.
De aprobarse la iniciativa, el régimen específico que actualmente regula la actividad dejaría de aplicarse para los nuevos contratos que se comercialicen una vez que la ley entre en vigencia.
Al mismo tiempo, el texto incorpora una cláusula transitoria que mantiene las condiciones de los planes ya existentes. En consecuencia, los contratos actualmente vigentes continuarían bajo el régimen con el que fueron aprobados y comercializados.
Cómo funcionan los planes de ahorro para comprar un auto
Los planes de ahorro constituyen uno de los principales instrumentos de financiación para acceder a un vehículo 0Km en la Argentina.
El sistema se basa en la conformación de grupos de personas que realizan aportes mensuales destinados a integrar un fondo común. Con esos recursos se adquieren las unidades que luego son adjudicadas periódicamente entre los integrantes mediante sorteos o licitaciones.
Una vez adjudicado el vehículo, el suscriptor continúa abonando las cuotas previstas hasta completar el plan.
A diferencia de un crédito prendario tradicional, el plan de ahorro no implica el desembolso previo del total del vehículo por parte de una entidad financiera, sino que el financiamiento surge del aporte conjunto de todos los integrantes del grupo administrado por una sociedad especializada.
Las cuotas suelen actualizarse de acuerdo con el valor móvil del vehículo incluido en el plan, por lo que pueden variar cuando las terminales automotrices modifican los precios de lista de las unidades.
Qué puede cambiar a la hora de comprar un auto 0km
El principal cambio que plantea el proyecto es la sustitución del régimen específico que actualmente regula los planes de ahorro por las normas generales del Código Civil y Comercial de la Nación y la Ley de Defensa del Consumidor. De aprobarse la iniciativa, los nuevos contratos dejarían de estar alcanzados por el decreto 142.277 de 1943, que establece el marco regulatorio para las sociedades de capitalización y ahorro, mientras que los planes ya vigentes continuarían bajo las condiciones con las que fueron suscriptos.
La modificación también implicaría un cambio en el esquema de supervisión de la actividad. En la actualidad, la Inspección General de Justicia (IGJ) fiscaliza el funcionamiento de las administradoras de planes de ahorro, aprueba los contratos tipo, controla la conformación de los grupos y verifica el cumplimiento de las obligaciones asumidas por las empresas. Con el nuevo régimen, la relación entre las administradoras y los suscriptores pasaría a regirse por las normas generales aplicables a las relaciones de consumo.
Desde el punto de vista del mercado, la iniciativa podría modificar las condiciones de ingreso de nuevos operadores y el desarrollo de nuevos productos de financiación. El proyecto forma parte de un proceso de desregulación más amplio impulsado por el Gobierno y coincide con una etapa de recuperación de las ventas de vehículos 0 km, una mayor disponibilidad de unidades y el desembarco de nuevas automotrices en el país, especialmente fabricantes de vehículos híbridos y eléctricos.
Al mismo tiempo, la propuesta no modifica los contratos actualmente en ejecución. El texto incorpora una cláusula transitoria que establece que los planes comercializados bajo el régimen vigente continuarán rigiéndose por las condiciones aprobadas al momento de su suscripción. En caso de que la ley sea sancionada, las nuevas disposiciones sólo se aplicarían a los contratos celebrados con posterioridad a su entrada en vigencia.
Qué rol cumple actualmente la Inspección General de Justicia
En el régimen vigente, la Inspección General de Justicia ejerce funciones de fiscalización sobre las administradoras de planes de ahorro.
Entre otras tareas, realiza las siguientes funciones:
Controla la autorización para operar
Aprueba los modelos de contratos utilizados por las empresas
Supervisa la constitución de los grupos de ahorro
Verifica el cumplimiento de las obligaciones establecidas para las sociedades administradorasEl proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo plantea sustituir ese marco regulatorio específico por las normas generales previstas en el Código Civil y Comercial y la Ley de Defensa del Consumidor.