La Provincia reunió a Nación, Jujuy, organismos técnicos y representantes del sector para construir una respuesta común orientada a fortalecer las garantías fitosanitarias.
El Gobierno de Salta articuló, junto a la provincia de Jujuy y los representantes del sector bananero, una posición regional frente a la Resolución N.º 114/2026 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que modificó el régimen fitosanitario aplicable al ingreso de bananas importadas. El objetivo fue analizar el alcance de la medida y promover una revisión de su implementación sobre la base de criterios técnicos que resguarden la producción del norte argentino.
La instancia de trabajo reunió a autoridades nacionales, organismos especializados, equipos técnicos y representantes de las provincias productoras, consolidando un ámbito de diálogo para compatibilizar la actualización normativa con la protección del patrimonio fitosanitario y la competitividad de una de las principales economías regionales del país.
Durante el encuentro, el ministro de Producción y Minería, Ignacio Lupión, afirmó que Salta acompaña toda iniciativa destinada a modernizar los sistemas de control sanitario, pero sostuvo que cualquier actualización del régimen vigente debe ofrecer previsibilidad y sustentarse en garantías técnicas suficientes para preservar el estatus fitosanitario alcanzado por la región.
Asimismo, señaló que las economías regionales del NOA y el NEA atraviesan un contexto particularmente desafiante y que las decisiones vinculadas a la sanidad vegetal deben contemplar también su impacto sobre la producción, el empleo, las inversiones y el arraigo de las familias que viven de esta actividad.
Por su parte, el secretario de Desarrollo Agropecuario, Diego Dorigato, planteó que el principio de prevención debe orientar toda adecuación del régimen fitosanitario y propuso revisar el cronograma de implementación de la resolución hasta contar con mayores certezas sobre los mecanismos de control, reforzando la vigilancia en frontera, la trazabilidad y las herramientas complementarias de fiscalización con participación del Gobierno Nacional, las provincias productoras y el sector privado.