Ante las serias dificultades para internar casos críticos y la limitación del criterio profesional, especialistas salteños apoyan la modificación de la Ley de Salud Mental.
La propuesta para modificar algunos puntos de la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657 sumó un fuerte respaldo de profesionales de la psiquiatría en Salta, quienes consideran urgente actualizar el marco vigente para responder al colapso en la atención de cuadros graves y adicciones.
Si bien los especialistas ratifican su total rechazo al antiguo modelo de internación manicomial, advierten que la legislación actual derivó en trabas operativas críticas. El principal obstáculo, según detallan, es la alarmante falta de camas disponibles en el sistema sanitario, una problemática que impacta de lleno en el Hospital Miguel Ragone y deja a los médicos de guardia atados de manos frente a pacientes en situación de vulnerabilidad.
«Tenemos muchas dificultades para internar pacientes graves porque no hay camas de internación», explicó la médica psiquiatra Dorys Flores. Ante este panorama, los profesionales advierten que las guardias suelen verse imposibilitadas de alojar a personas que claramente necesitan asistencia urgente.
En este sentido, uno de los ejes centrales que reclaman modificar es la flexibilización de los requisitos para las internaciones involuntarias, otorgando mayor peso al criterio médico. Actualmente, la norma exige acreditar un «riesgo inminente», un requisito que los especialistas consideran insuficiente.
«Un paciente cuando sufre una descompensación no puede tomar consciencia de su riesgo», señaló Flores, al tiempo que remarcó que la normativa debería contemplar también la posibilidad de daños físicos o psíquicos a futuro.
Esta falta de herramientas legales y de infraestructura no solo recae sobre los médicos, sino que genera un calvario para las familias. Ante la imposibilidad de una respuesta rápida del sistema de salud, muchos allegados terminan peregrinando por los tribunales o radicando denuncias judiciales como único recurso para conseguir una internación de emergencia que proteja la vida del paciente o de terceros.